lunes, 8 de octubre de 2018
LOS ARGUMENTOS EN PRO Y EN CONTRA DE REFORMAR LA JEP
Por: Justicia y Política 27 de septiembre 2018 .
Con un proyecto de diez artículos, el Centro Democrático y Cambio Radical plantearon una reforma del acto legislativo 01 de 2017, que es la columna vertebral de la justicia especial para la paz y que ya había pasado el examen en la Corte Constitucional.
El acto legislativo reforma lo aprobado por el Congreso como parte del paquete de iniciativas tramitadas bajo la figura de fast track y crea todo un sistema de investigación y juzgamiento exclusivamente para los miembros de la Fuerza Pública.
No solo da vida a cuatro nuevas salas, cada una conformada por tres magistrados, sino que establece una unidad de investigación paralela a la ya existente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Hace apenas tres meses, el Centro Democrático había incluido en la ley de procedimiento de la JEP un artículo que creaba una sala especial dentro de esa jurisdicción, para el procesamiento de los militares, pero no había profundizado en su funcionamiento. En la norma quedó definido que los uniformados que quisieran ir a este mecanismo podrían pedir el congelamiento de sus casos hasta por 18 meses entre tanto se tramitaban las normas para habilitarlo.
La iniciativa del CD abrió un debate sobre la viabilidad de modificar lo que algunos consideran una parte esencial de lo acordado en La Habana entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc. También generó polémica la intención de algunos congresistas del uribismo de revivir la inmunidad parlamentaria (ver nota anexa).
“Es discutible que el Congreso pueda tener facultades para modificar todo esto que ya está definido, porque eso implicaría volver al comienzo y renegociar los acuerdos, lo que ya no es posible ni histórica ni políticamente”, señaló el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño.
En ese mismo sentido se pronunció el senador Iván Cepeda, quien calificó la iniciativa de “abiertamente inconstitucional”, y dijo que aunque puede tener acogida en el Congreso, no superaría un examen en la Corte Constitucional
El exjefe de las Farc Carlos Antonio Lozada señaló: “¿Qué temen aquellos que buscan sustraer la Fuerza Pública de la JEP, aun en contra del propio parecer de militares y policías? Le temen a la verdad”.
Y Ana María Ramos, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó: “La propuesta tiene cambios esenciales. Creo que el acto legislativo que le da estabilidad al acuerdo de paz podría llevar a que la Corte la tumbara, pues este era uno de los puntos esenciales de la negociación”.
No obstante, la iniciativa fue bien recibida entre voceros de militares retirados. El general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que esto se le había propuesto al expresidente Juan Manuel Santos, “pero no se logró que hiciera los cambios”. Y agregó que el Congreso sí puede hacer esos cambios para que se “arregle lo que quedó mal hecho desde el comienzo”.
El oficial retirado añadió que menos de la mitad de los actuales magistrados de la JEP tienen la confianza de los militares y que es necesario tener un nuevo grupo de jueces “que den garantías de imparcialidad y que respeten los derechos a la defensa de los uniformados”.
La abogada Tania Parra, quien representa a varios militares en la JEP, señaló que con sus clientes se decidió no esperar a la aprobación de esa modificación porque tardaría demasiado tiempo y dilataría la posibilidad de resolver su situación jurídica definitivamente.
Si bien no han comenzado los debates, el proyecto ya dividió posiciones en el Legislativo. El congresista Edward Rodríguez, del Centro Democrático, afirmó que algunos de los magistrados de la JEP actuales carecen de objetividad, y que “se busca devolver la dignidad a los militares, para que sean juzgados bajo las reglas propias de su labor y por personas que conozcan de este ámbito”.
César Lorduy, de Cambio Radical, coincidió con esa posición, y dijo: “Es un proyecto muy positivo porque desde el principio se dijo que había que hacer diferenciación entre los militares y los otros actores del conflicto, pero esa diferenciación no se hizo”.
Y Alfredo Deluque, de ‘la U’, consideró que el tema debe ser debatido y analizado en profundidad. “Los militares son las personas que han estado más cerca del conflicto, estuvieron directamente vinculados al conflicto armado. Me parece que su tratamiento debe ser tomado con toda la seriedad (...) y cómo podría ello ser un tema que beneficie al final del camino al proceso de paz y a las víctimas, que deben ser su objeto central”.
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/argumentos-a-favor-y-en-contra-de-crear-sala-para-militares-en-la-jep-274320
miércoles, 26 de septiembre de 2018
martes, 3 de julio de 2018
LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA CONDENADOS QUE RESPALDAN LA JEP
La mayoría fueron sentenciados por casos de falsos positivos. Aseguran que el tratamiento especial de la justicia transicional, como quedó en el acuerdo, les dará seguridad jurídica.
Por. Redacción Justicia para la Paz
Un grupo de exmilitares, que fueron condenados por delitos graves ocurridos durante el conflicto, cerraron filas alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz. En un grupo de Whatsapp, del que hacen parte 118 personas entre soldados, suboficiales y algunos oficiales que han recibido los beneficios de la justicia transicional, lanzaron alertas sobre la posibilidad de que el Congreso de la República cambiara las reglas de juego para su juzgamiento. “Esta justicia nos permite reemplazar las condenas en cárceles por medidas restaurativas y nos garantiza seguridad jurídica”, aseguró el teniente en retiro Julio Alejandro Salazar Valencia.
Él es uno de los más de 1.500 militares que han quedado en libertad en el marco de la aplicación de este sistema. En la justicia ordinaria Salazar fue condenado a 24 años de prisión por un caso de falsos positivos registrado en 2004 en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). “En esa operación tuvimos un enfrentamiento corto y cuando llegamos al sitio no encontramos sino equipos de campaña, armamento y otros elementos. Ahí en la zona estaba un joven solo y tomamos la mala decisión de que esa persona era un combatiente que nosotros creíamos de las Farc y lo dimos de baja”.
Puede leer: “La base de la fuerza pública se ha beneficiado de la JEP”: magistrada Sandra Castro
La justicia penal militar había cerrado el proceso en su contra, pero en 2007 la Fiscalía reabrió el caso y logró su condena. Permaneció seis años, diez meses y dos días detenido en el Centro de Reclusión Militar de Puente Aranda, en Bogotá, y hace un año, luego de pedir pista en la JEP, le concedieron la libertad condicional. “Los que tenemos esos beneficios pedimos que la JEP se implemente. Los militares que pagamos cárcel, que fuimos condenados y que hemos pagado, sí nos hemos beneficiado”.
Un caso similar sucede con el teniente Javier Danilo Páez, contra quien pesan cuatro procesos por delitos graves durante el conflicto. “El más gravoso es el de ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008”. Uno de ellos, ocurrido en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, tuvo que ver con el secuestro, tortura y homicidio de un hombre, identificado como Parmenio Manuel Hernández Anaya, a quien señalaban de ser colaborador de las Farc. Por este hecho, fue condenado a 28 años de cárcel y recibió la libertad condicional de la JEP.
“Queremos someternos a la jurisdicción especial porque, como está inicialmente planteada, es lo mejor para nosotros. A mí me permite quitarme más de 59 años, cambiarlos por una justicia restaurativa y darme seguridad jurídica de por vida. Además, será un ciclo que se va a cerrar diciendo la verdad, participando en la reconciliación del país, reparando a las víctimas y poniéndole la cara al país. Nosotros nos equivocamos y la asumimos. Queremos pasar la página”, agrega el exoficial, quien estuvo en el Ejército durante 15 años.
También lea: “No se puede renegociar el acuerdo sin las Farc”: Kai Ambos
Tania Parra es la directora de la Fundación Fuimos Héroes, que representa a más de 6.000 integrantes de la fuerza pública. Su posición consiste en que la ley de procedimiento debe ser acorde a la reforma constitucional que creó el Sistema Integral de justicia transicional y que le da seguridad jurídica (actos legislativos 1 y 2 de 2017). “Apropósito de la ponencia del Centro Democrático, no compartimos su posición de crear una sala especial para que juzgue a los militares. Primero, porque ya existen los actos legislativos y pretender echarlos para atrás. Es absurdo. La ley de procedimiento reglamenta la comparecencia, pero no puede cambiar la JEP. Segundo, existe en grado extremo un peligro fehaciente si esa sala a la que deben comparecer los militares debe fijarse reglas de justicia penal militar porque se debe recordar que Colombia aprobado instrumentos internacionales como la convención interamericana de derechos humanos y que ha sido clara en decir que la Justicia Penal Militar no puede juzgar temas como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
Este miércoles, la cúpula militar aseguró, en defensa de la aprobación de la ley de procedimiento, que la línea procesal de las actuaciones de la JEP es indispensable para blindar la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública, no solo a nivel nacional sino también internacional. “La paz es la victoria”, escribieron.
https://colombia2020.elespectador.com/jep/los-miembros-de-la-fuerza-publica-condenados-que-respaldan-la-jep
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