Con gusto me permito hacer extensiva la REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO del señor Teniente Coronel CARLOS ERLINTO MELO CADENA, proferida por la Unidad de Fiscales Delegados Ante el Tribunal Superior de Medellin, frente a una medida de aseguramiento proferida por el Fiscal 74 Especializado de la UNDH y DIH, Dr REBELLÓN, lo anterior con el fin de demostrar que defender militares si es posible Art: Abogados TANIA PARRA MONTENEGRO y CR. Abogado VICTOR HUGO MATAMOROS RODRIGUEZ.
lunes, 27 de febrero de 2017
lunes, 21 de noviembre de 2016
“Las propuestas del Centro Democrático no nos representan”:
Tania Parra
La fundación Fuimos Héroes, que agrupa a más de 6.000 uniformados, entre ellos condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales, se desmarca de las propuestas del senador Álvaro Uribe. Entrevista con su representante.
Desde que nació la fundación Fuimos Héroes, Tania Parra encabeza los procesos judiciales de miles de militares colombianos que están presos en guarniciones castrenses y que en su mayoría son investigados por ejecuciones extrajudiciales. Parra, abogada especialista en derecho internacional humanitario, manifestó que el “alivio judicial” propuesto por el Centro Democrático no brinda las mismas garantías que la justicia transicional que se pactó con las Farc y que incluye a los uniformados. Asegura que los militares están dispuestos a contribuir con toda la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales.
¿Bajo qué circunstancias nació la fundación Fuimos Héroes?
Nace por la necesidad de constituir un organismo de defensa política, jurídica y social de los militares privados de la libertad en julio de 2012. Para ese año ya se materializaba la detención de un número significativo de miembros de la Fuerza Pública. En la actualidad la fundación representa a unos 6.000 miembros de la Fuerza Pública investigados o detenidos por actos del conflicto armado.
¿Por qué están de acuerdo con la justicia transicional que se estructuró en La Habana?
En Colombia, la negación de la existencia del conflicto interno armado llevó a que la mayoría de los procesos de los militares fueran estudiados, investigados y juzgados a la luz de los derechos humanos. Es decir, se les privó de ser investigados a la luz del derecho internacional humanitario (DIH). Esta omisión ocasionó que, en la mayoría de los casos, personas que se encontraban cumpliendo con su deber resultaran condenadas como un homicida cualquiera. No es lo mismo investigar a un militar a la luz de las normas del DIH que a la luz del Código Penal, como si se juzgara a cualquier parroquiano.
¿Por qué ustedes no quieren el “alivio judicial” propuesto por el senador Álvaro Uribe?
No estamos de acuerdo con la propuesta del senador Uribe porque es inconstitucional y transgrede el Marco Jurídico para la Paz, que modificó el artículo 66 de la Constitución. En el Tribunal Especial para la Paz no se motivará a quienes acepten responsabilidad para recibir beneficios si vinculan a otra persona. Esto garantiza que no se presenten falsos testigos, como sucede en la justicia ordinaria. También, su propuesta priva a los agentes del Estado de los puntos que marcan la estructura fundamental de lo que va a ser la justicia transicional: presunción de legalidad de la Fuerza Pública, seguridad jurídica, tratamiento diferenciado, sanciones propuestas por el Gobierno, reclusión en cárceles militares, revisión de sentencias, esclarecimiento de los hechos, responsabilidad en la cadena de mando, entre otros.
¿Se sienten representados por las propuestas del Centro Democrático?
No nos representan.
¿Por qué este grupo de militares asegura que su vocero es el general (r) Jorge Enrique Mora?
Porque el general Mora nos ha representado con fortaleza y gallardía en busca de la solución jurídica de los militares. Pese a los cuestionamientos al llevar esta vocería, para nosotros, la libertad sabe a Mora.
Los militares presos dijeron que, a cambio de su pronta libertad, comparecerían ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué verdades quieren aportar?
La petición de libertad frente a quienes se encuentran privados de ella corresponde al contenido del anexo II: tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado, en donde existe la figura de “libertad transitoria condicionada y anticipada” para quienes lleven más de cinco años detenidos por actos del conflicto. La verdad que se aportará es la que exige el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En esta fundación hay militares condenados por ejecuciones extrajudiciales. ¿Esto quiere decir que vamos a conocer más detalles de esos crímenes si se crea la Jurisdicción Especial para la Paz?
Claro que sí. En su gran mayoría son militares condenados o investigados por ejecuciones extrajudiciales y son personas que participaron en desarrollo del conflicto. La guerra no deja más que odio, dolor y muertos. Queremos acabar con este horror y participar activamente en la solución.
Hay sectores como el Centro Democrático que afirman que negociar con las Farc fue arrodillar a la Fuerza Pública...
En cuanto a las Fuerzas Militares, considero que jamás habían estado tan bien representadas como en este momento. Para nadie es un secreto sus condiciones y capacidades profesionales, y un vivo ejemplo es el general Alberto José Mejía, quien se preparó desde el inicio de su carrera para lo que hoy realiza, que no es más que enaltecerlas. En cuanto a la situación de los militares procesados, por supuesto que no los han arrodillado. Tan es así que jamás se negoció en La Habana la ley de tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado.
Ustedes están promoviendo una movilización en los próximos días. ¿Para qué?
Para tratar de integrar a todos los colombianos, que apoyemos el acuerdo (con las Farc) y se piense en esta comunidad de militares privados de la libertad y sus familias, quienes han llevado la responsabilidad de enfrentar este conflicto y hoy padecen de la ausencia de su compañero o padre como efecto de esta guerra.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/propuestas-del-centro-democratico-no-nos-representan-ta-articulo-660840
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Polarizados por el Sí/No
Por: JOSÉ WILLIAM PORRAS
Las continuas noticias en la prensa escrita y hablada sobre el Sí/No, como resultado del plebiscito del 2 de octubre, donde gano el No -hasta ahora, ya que he podido ver maniobras jurídicas para deslegitimar el resultado del plebiscito-, solo puedo observar una marcada polarización de opiniones a favor del Sí y del No, pero no veo por ningún lado que se trate de unir esfuerzos para rectificar el camino de los acuerdos y obtener otros mejores que nos garanticen de verdad una paz, terminando el dolor y el horror causado por 52 años de conflicto interno en nuestro país.
Los del Sí manifiestan que el No ganó con engaños, pero se les olvida que su campaña se basaba en que si ganaba el No era continuar la guerra, palabras del propio presidente de la república, es decir se engañaba a la población con ese supuesto. Los del No que se mantuvieron unidos durante su campaña, ahora muestran desunión.
La fundación Fuimos Héroes, con más de 6.000 uniformados, entre ellos condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales, se desmarca de las propuestas del senador Álvaro Uribe, jefe de la campaña por el No. La razón: la justicia transicional es el dilema de quienes están siendo procesados y/o en el futuro lo estén y no hayan delinquido, porque se encontrarán ante la disyuntiva de confesar crímenes que no cometieron o ir a la cárcel. El problema de unos y otros es la merecida desconfianza en la justicia ordinaria por algunos fallos y procesos absurdos y malintencionados contra los miembros de la fuerza pública que en su momento lo único que hacían eran defender la democracia (casos específicos del palacio de justicia).
¿Pero quién garantiza que la justicia transicional será justa cuando la extrema izquierda tendrá notoria influencia en nombrar los nuevos magistrados y en la presentación de cargos contra los miembros de la fuerza pública, tal como hoy lo hacen los colectivos de abogados con sus falsos testigos?¿Más de lo mismo? Solo con esto se está ante un gran dilema, sin considerar otros factores en los acuerdos firmados entre gobierno y FARC, donde se pasaba abiertamente por encima de nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución.
Insisto, como lo hice en el artículo en El Universal, el 6 de octubre, Ganó la democracia: el precio por la paz debe ser justo, tanto para el pueblo que ha venido sufriendo, como para las FARC quienes delinquieron y cometieron crímenes o si no continuaremos polarizados con nefastas consecuencias para el futuro del país.
La responsabilidad la tienen todos los actores: quienes querían que ganara el Sí, quienes querían que ganara el No y las mismas FARC, de otra forma continuaremos sin alcanzar la paz.
jwporras@balzola.org
http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/polarizados-por-el-sino-11450
Militares en prisión esperan pasar navidad en libertad por justicia transicional
Al menos 2.000 militares investigados y detenidos que conforman la fundación “Fuimos Héroes Colombia”, manifestaron, a través de su apoderada y directora de esa organización, complacencia con los acuerdos de La Habana y con los beneficios jurídicos que recibirán en el desarrollo del tratamiento penal paralelo y diferenciado.
Desde soldados hasta Coroneles detenidos en los centros de reclusión militar en Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Tunja, Bucaramanga y Santa Marta, hicieron saber que no conceder beneficios por delaciones, es garantía para su seguridad jurídica.
“Esto también va a generar que no vayan a darse falsos testigos en este tribunal porque no se va a incentivar la delación con beneficios”, dijo Tania Parra, abogada.
También agradecen que las condenas ejecutoriadas sean examinadas por la sala de revisión del Tribunal Especial para la Paz.
“En el futuro habrá una sala permanente así se haya acabado ya el tribunal especial para la paz, atendiendo los posibles reclamos contra personas que ya pasaron por la justicia transicional”,aseguró el ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas, el pasado 21 de agosto.
Por otra parte, “todos los miembros de la fuerza pública van a ser investigados a la luz del derecho internacional humanitario y no de los derechos humanos como se venía haciendo en la justicia ordinaria”,la abogada Tatiana Parra.
http://noticiasunolaredindependiente.com/2016/08/27/noticias/presos-militares-paz/
Fuerza Pública: sin consenso frente a Acuerdo con Farc
Por Olga Patricia Rendón M.
La discusión del acuerdo de Paz con las Farc no se detiene. El presidente Juan Manuel Santos ordenó ayer el regreso de Humberto de la Calle, jefe de su delegación, a Colombia para asistir a algunas reuniones con partidarios del No en el plebiscito, entre ellos el Centro Democrático, que ya confirmó su asistencia, y para contar detalles de lo avanzado en La Habana con los jefes guerrilleros.
“El tiempo apremia porque el cese al fuego que pactamos es frágil. El pueblo tiene la razón: ¡necesitamos un nuevo acuerdo ya!”, señaló el mandatario en una declaración que dio en la Casa de Nariño.
Por eso una vez De la Calle asista a esas reuniones volverá a Cuba a un ciclo tipo cónclave, que según Santos llevará al nuevo acuerdo.
En medio de esas discusiones nuevas voces se escuchan, voces que quizá han estado silenciosas y que normalmente opinan únicamente cuando se les consulta ya que este es un asunto político del que no deben participar: ellos son los militares y policías. En Colombia hay 445.000 miembros de la Fuerza Pública.
El general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, dijo poco antes de la firma del Acuerdo Final en Cartagena que “quien más reza por la paz es el soldado, pues es quien verdaderamente conoce las hondas heridas que deja la guerra”.
En esa declaración el comandante mostró que las Fuerzas Militares, en su conjunto, tienen el anhelo de que el conflicto armado colombiano termine, lo que no está claro es si el Acuerdo alcanzado en La Habana cumple sus perspectivas de paz.
La paz es la victoria
Aunque para las Farc no ha sido cómodo que el Gobierno y la cúpula militar sostengan que acabar con las Farc por la vía negociada sea una victoria de la Fuerza Pública, desde distintos puntos, inclusive el legal, los militares han ganado la guerra.
El presidente Santos el mismo 26 de septiembre pasado en Cartagena firmó un decreto condecorando a las Fuerzas Armadas por haber logrado la victoria.
El mandatario decretó la creación de la denominada citación presidencial de la victoria militar y la concedió por una sola vez a los hombres y mujeres tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía.
“Esto es un reconocimiento a todas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por haber logrado ese punto de inflexión tan importante para el pueblo colombiano, como es firmar el fin del conflicto con las Farc”, señaló el general Rodríguez en ese momento.
En diálogo con EL COLOMBIANO el mayor (r) César Maldonado desde la Guarnición militar de Facatativá donde purga una condena de 27 años y 9 meses, dijo que la victoria no es un sentir exclusivo de los generales: “hasta el último soldado tiene la convicción de que ganamos la guerra”.
El mayor Maldonado, quien ahora es el director del Comité de Reconciliación que agrupa a gran número de militares y policías recluidos, aseguró que “es claro que ninguna guerrilla empoderada va a negociar su futuro con el enemigo, las Farc están en La Habana sentadas con el Gobierno porque fueron diezmadas por las Fuerzas Armadas. Tenemos claro que la firma final de los acuerdos es el triunfo de los soldados y policías de Colombia”.
¿Implementación pronta?
El cese el fuego bilateral firmado por el presidente Santos hasta el 31 de diciembre es frágil, así lo han sostenido desde ambas partes de la mesa de negociaciones, por eso tanto Santos como las Farc insisten en que debe iniciar la implementación cuanto antes.
Precisamente sobre este asunto se manifestó el general Álvaro Pico Malaver, jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, Unipep, a la salida de un evento sobre memoria histórica en la Policía.
El general dijo entonces que era necesario que se empezaran a implementar aspectos “muy valiosos” del acuerdo, como los relacionados con el narcotráfico, las acciones territoriales y rurales, el manejo de la protesta social.
Sin embargo, en conversación con EL COLOMBIANO explicó que de ninguna manera esa afirmación había sido una intervención en política sino un sentir desde el conocimiento de los acuerdos.
“Nosotros veníamos identificando en los acuerdos con las Farc qué labores le corresponde hacer a la Policía para cumplirlos, y ahí fue cuando dije que más allá de la decisión política, hay muchísima información en los acuerdos que permiten resolver las situaciones de violencia y que no se pueden desaprovechar porque son fuente para la prestación de nuestro servicio”, argumentó el general.
Y agregó que la palabra seguridad aparece más de 350 veces en el Acuerdo Final, lo que es un asunto que hay que analizar frente a los procesos actuales que tiene la Policía.
Los reparos
Acore está próximo a enviar un documento en el que señala las inquietudes al Acuerdo de La Habana.
En ese texto el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, expresa que hay catorce puntos que deben revisarse, especialmente en materia de justicia, narcotráfico , cultivos ilícitos, reparación de víctimas y entrega de bienes.
En uno de esos puntos llama la atención sobre “los territorios de paz o zonas de reserva campesina, de ubicación y extensión geográfica desconocida, y su coincidencia con viejas áreas de influencia donde aspiran a establecerse como territorios bajo su control, con las mismas cuadrillas y sus respectivos cabecillas, subvencionados además generosamente por el Estado, con salarios fijos mensuales y otros múltiples beneficios que no se otorgan al común de los ciudadanos”.
Así mismo, John Marulanda, coronel retirado del Ejército y hoy consultor internacional de seguridad y defensa, aclaró que “evidentemente un proceso de paz sólido va a ayudar mucho a la institución militar y a todo el país, pero todo depende de los términos en que ese acuerdo con las Farc se pacte, yo creo que ahí hay pactos desventajosos, no solo para la Fuerza Pública sino para el país en general, y se le entrega al nuevo partido de las Farc se le otorgan unas gabelas que no se le deberían brindar a ninguna organización que todavía es terrorista y que ha atentado contra el Estado, que es marxista-leninista, es decir lo opuesto al Estado de Derecho y que va por el poder”.
Entre esas “gabelas” mencionó que podrían revisar la hoja de vida de todos los funcionarios públicos, tendrían acceso a material de inteligencia del Estado, podrían proponer modificaciones a las centrales de vigilancia y seguridad privada, “estas son unas cesiones de asuntos de seguridad pública y de defensa del Estado que no se deben hacer en ninguna negociación”.
El coronel Marulanda contó, además, que enviará una carta junto a otros 13 coroneles retirados al presidente Santos para mostrar los puntos que hacen más riesgoso el acuerdo.
Alivio para militares presos
Entre las propuestas que el Centro Democrático entregó al Gobierno Nacional para modificar el acuerdo con las Farc dice que “se debe otorgar los beneficios más amplios posibles consistentes en reducción de pena, la más temprana libertad condicionada que se permita y la revisión de sentencias para rescatar el honor, que no constituya impunidad, a los miembros de la Fuerza Pública condenados o investigados, de manera independiente de lo acordado con las Farc”.
En la Jurisdicción Especial de Paz los militares podrían acceder a sanciones como restricción efectiva de la libertad por 5 años si aportaban toda la verdad y reparaban a sus víctimas.
Tania Parra Montenegro es la directora de la Fundación Fuimos Héroes, que agrupa a 6.000 militares investigados y detenidos y sus familias, y consideró que “el alivio judicial que pretende el Centro Democrático es una ley que no tiene nada que ver con el proceso de paz y que vulnera la Constitución”.
La abogada explicó que cuando se suponía que en Colombia no había conflicto armado, en la época de la seguridad democrática, los militares no podían ser investigados y condenados a la luz del Derecho Internacional Humanitario sino a la del Código Penal “como a cualquier parroquiano”.
Con un alivio militar sin el paso por la justicia transicional se volvería a incurrir en errores como en los que cayeron Guatemala y Argentina “donde se le ha ofrecido amnistía disfrazada a militares y al cabo de unos años tuvieron que anularse esas leyes y tuvieron que enfrentar procesos ante la justicia ordinaria y ante la Corte Penal Internacional”, dijo Parra.
En ese sentido, el mayor Maldonado expresó en esta materia que “lo más importante para los miembros de la Fuerza Pública encartados en procesos penales, es el blindaje jurídico: el cierre definitivo de las causas abiertas y que ninguna autoridad a futuro nos vuelva a reabrir procesos. No queremos repetir la historia de los ‘autoindultos’ que se dieron en los países del cono sur. Todos fueron tumbados posteriormente y los militares que se habían favorecido de esta figura, terminaron en la cárcel. Nos gusta el blindaje, incluso internacional, que se le esta dando a este proceso de paz”.
http://m.elcolombiano.com/fuerza-publica-sin-consenso-frente-a-acuerdo-con-farc-EF5263350
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