viernes, 10 de octubre de 2014
lunes, 6 de octubre de 2014
Sin pruebas pero con teorías
Por. Eduardo Mackenzie
He sopesado desde la primera hasta la última palabra de ese texto intrincado y repetitivo. Lo que descubrí es asombroso: en ese documento no aparece, para nada, la prueba material indiscutible de que el general Arias haya cometido ese grave crimen.
Acabo de leer las 361 páginas de la sentencia firmada por la juez María Cristina Trejos Salazar. Quería saber en qué se basa ella exactamente para condenar a 35 años de prisión, por el delito de “desaparición forzada agravada” de once personas, al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.
He sopesado desde la primera hasta la última palabra de ese texto intrincado y repetitivo. Lo que descubrí es asombroso: en ese documento no aparece, para nada, la prueba material indiscutible de que el general Arias haya cometido ese grave crimen. En otras palabras: esa condena no descansa sobre prueba alguna.
Descansa, como en la condena de junio de 2010 contra el coronel Alfonso Plazas Vega, sobre una serie de inferencias, más o menos inverosímiles, y en unas teorías. No se encuentra, repito, la menor demostración fáctica, material, pericial o testimonial que pruebe que el general Arias haya incurrido en esa conducta durante los hechos del palacio de justicia de Bogotá, asaltado el 6 de noviembre de 1985 por la organización terrorista M-19.
El mensaje que sale de esa lectura es sombrío: algunos quieren acostumbrar a los colombianos a que aceptemos en silencio que los militares sean objeto de condenas penales escalofriantes y de exterminio sin que el ente juzgador civil se vea en la obligación de aportar la prueba suficiente.
No se crea que las 361 páginas obedecen a un abrumador análisis de hechos o de documentos nuevos: no hay nada de eso. El grueso de la sentencia es absorbido por una reescritura disculpadora de la carrera criminal del M-19, por una recopilación de doctrinas de diverso origen (hasta hay una sentencia de Sri Lanka) y por un acopio de cuanto texto existe a favor de la cuestionada teoría del “actor mediato” o del “hombre de atrás”.
Lo bueno de la sentencia es que transcribe parcialmente los argumentos sin falla de la Procuraduría General, la cual pide la absolución del general Arias Cabrales por falta de pruebas, y de la brillante abogada del general, la cual rebate, punto por punto, los argumentos de la instrucción. La juez repudió el testimonio del mentiroso Edgar Villamizar sobre el que descansa la condena del coronel Plazas Vega. Ese rechazo fragiliza aún más el infame fallo de la juez Jara. En vista de su vacío interior, esas 361 páginas se vuelven contra la instancia falladora.
La tesis central de ésta es simple: los once desaparecidos (10 empleados y visitantes de la cafetería más la guerrillera Irma Franco) salieron vivos del palacio, fueron asesinados por las fuerzas militares y sus cuerpos siguen desaparecidos.
El fallo no prueba que ello sea cierto. En mayo de 1986, la excelente investigación del Tribunal Especial de Instrucción constató que los diez perecieron el 6 de noviembre en el cuarto piso del palacio, a donde fueron llevados como rehenes por los terroristas, y que “no hay la menor evidencia sobre la evacuación” de esas personas. El TEI reiteró que “ninguno de los rehenes liberados los mencionó como presentes en el edificio a partir de la toma o como fuera de él, después de la recuperación”. En cuanto a los videos “que con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de liberados”, el TEI dice que allí “no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”. La nueva instrucción ignoró lo hallado por el TEI y rechazó los argumentos del ministerio público y de la defensa, pero fue incapaz de aportar nuevos elementos. En cambio, la defensa invocó sobre ese punto capital, varios testimonios de primera mano.
Nadie vio, en realidad, la cara de los diez. Sólo vieron imágenes borrosas de gente que salía. Alguien creyó ver a un pariente, otro dijo no estar seguro de eso. Uno aseguró que un video mostraba la salida de Cristina Guarín, pero la persona que él señala resultó ser María Nelfy Díaz, ascensorista del palacio, quien se reconoció en esas imágenes. La juez no demostró que Díaz mentía: cuatro testigos la respaldan. La juez ocultó un hecho: quien afirmó que Cristina Guarín había salido viva es su hermano, René Guarín, secuestrador confeso del M-19, que, a todas luces, busca manipular ese proceso para vengarse de los militares, pues éstos impidieron que triunfara el golpe de Estado que el M-19 había preparado y que había comenzado a realizar con la sangrienta toma del Palacio de Justicia.
La juez no explicó por qué 27 cuerpos correspondientes a los “desaparecidos” del Palacio de Justicia estaban bajo secreto en la Fiscalía desde el año 2000 sin ser estudiados. De esos cuerpos, tras una prueba reciente de ADN, fue identificado uno: el de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería. Las pruebas hechas a los otros, dice la juez, indican que no hacen parte del lote. Ello permite pensar que esos faltantes están enterrados en otro lugar y que alguien juega con esos despojos calcinados para que la teoría de los “desaparecidos” continúe y con ella los juicios a los militares.
Irma Franco parece haber salido viva del palacio. Ella está desaparecida, pero la juez no pudo probar que el general Arias haya tenido algo que ver, directa o indirectamente, con su aparente desaparición. Otra guerrillera, Clara Helena Enciso Hernández, también fue dada por “desaparecida” en 1985, hasta que reapareció en México en 1987 para contar a dos periodistas una versión amañada del asalto.
En la sentencia no hay, pues, pruebas, pero sí hay teorías. Mejor: no hay pruebas, pues las teorías las hacen innecesarias. La teoría de la “autoría mediata”, en la modalidad alucinante que pretende imponer la juez Trejos, no requiere pruebas. Arias es mostrado como el centro de una conspiración que decidió asesinar y desaparecer en esa batalla a unas personas. Dice que él se valió de terceros (no identificados), pues él “controlaba” un supuesto “aparato de poder”. Para ella definir tal posición jerárquica es probar la responsabilidad. Nada es más absurdo.
¿Y qué responsabilidad le cabe al M-19 por los muertos, heridos, desaparecidos, por los incendios y las destrucciones de ese día? Ninguno. El grupo que creó esa tragedia es ignorado. En un aparte realmente grotesco, que hará gritar de indignación a más de uno, la juez asegura que el M-19 al “ingresar” al palacio no tenía planeado tomar rehenes, ni asesinar a nadie: sólo iba para juzgar al presidente de la República. Agrega que ante eso, los militares han debido cesar su intervención y aceptar el “acercamiento que proponían” los atacantes, es decir, dejar avanzar al M-19. Como no lo hicieron se convirtieron en asesinos de lesa humanidad. Para ella, el M-19 era apenas una “disidencia”, un grupo “rebelde” que comenzó con acciones de “propaganda” y terminó radicalizándose a causa de la terrible maldad de los militares y del gobierno colombiano.
El gobierno de Belisario Betancur es acusado por la juez de no haber tomado “en consideración la vida de los rehenes”. Eso es falso. Trejos dice eso al mismo tiempo que calla un hecho capital: que las fuerzas del orden rescataron a más de 244 rehenes en esas 48 horas terribles y que en esa labor once militares y policías perdieron la vida y otros 31 fueron heridos. En la fantasmagoría de ese fallo, el gobierno de BB es equiparado al régimen nazi de Adolf Hitler, y el general Arias Cabrales es puesto como un equivalente del verdugo nazi Adolf Eichmann. Esas comparaciones absurdas están allí, pues son necesarias: de otra manera la teoría del “actor mediato” no puede funcionar. Así es como la juez Trejos llegó a la conclusión de que Arias Cabrales merecía esa sanción inicua.
Yo creo que la juez Trejos es sincera. Después de leer su sentencia, estimo que ella cree lo que dice, y que obra así pues está convencida de que la razón, el bien y la justicia están de su lado. Eso es lo que más me preocupa. A ese estado de confusión jurídica y moral y de odio fanático por las instituciones democráticas, sobre todo por las fuerzas militares de Colombia, han llegado algunos miembros de la rama judicial. ¿Por qué y en qué momento nació ese fenómeno? ¿Quién lo propicia y alimenta? El gobierno y la sociedad, sobre todo la universidad y la prensa, deberán interrogarse e investigar al respecto. Pues hay que ponerle fin a esa deriva increíble. Si dejamos que ese modelo de anti-justicia se imponga, el país va directo hacia el caos: ante cada ataque terrorista habrá que inmovilizar las fuerzas de defensa, o de lo contrario los mandos serán acusados de violar la ley. Y ante el abuso de un soldado, o el homicidio de un uniformado, o de un funcionario, se abrirá un proceso contra el comandante de las fuerzas armadas, y contra el presidente de la República, pues se podrá decir que ellos dirigían un “aparato organizado de poder”. Y, sin la menor prueba, esos personajes serán enviados a la cárcel sin que puedan, como les ocurrió en primera instancia al general Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega, defenderse ni hacer valer los preceptos más básicos del código penal colombiano.
viernes, 3 de octubre de 2014
Si los militares están siendo juzgados injustamente (Canal Capital)
El domingo 15 de mayo se presentó un interesante debate en la televisión, por Canal Capital, con el nombre del programa "Si los militares están siendo juzgados injustamente" el cual contó con una amplia cubertura y la opinión pública voto en un 75% a favor del estamento militar, que está siendo masacrado en los tribunales.
Obró como Fiscal el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, quien dejó muy en claro su resentimiento contra el Estado por la muerte de su padre Iván Cepeda Vargas. Las Farc le honran su memoria bautizando al tenebroso frente 42 con su nombre. Masacraron la Duma del Valle; pero no es el tema.
Como primer testigo, sentó en la tarima al abogado Luis Guillermo Pérez, Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos y miembro del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", al cual para sorpresa y estupor de los televidentes; la Dra. Tania Parra Montenegro de Demil le demostró que manipuló la declaración de un Coronel en contra del General Uscateguy y con esta manipulación fue condenado el General.
De segundo el Representante Cepeda, subió al estrado a la señora Pilar Navarrete, esposa del señor Héctor Jaime Beltrán (Q.E.P.D), presunto desaparecido en los hechos del Palacio de Justicia, trabajaba como mesero en la cafetería y desapareció en la hecatombe.
La viuda del Sr. Beltrán, planteó la tesis que las Fuerzas Armadas, sabían de la toma y se la permitieron al M-19, pero cuando se le preguntó qué bases tenía para decir eso, comentó que eran suposiciones. Se dio por terminada su actuación porque el debate no era de consideraciones sin pruebas.
Pedirán que todos los uniformados presos estén en guarniciones militares
http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/06/16/noticias/pediran-que-todos-los-uniformados-presos-esten-en-guarniciones-militares/
Los abogados de los militares creen que las posiciones en el
debate son tan extremas que cualquier reclamo de garantías para sus clientes se
interpreta como una violación a los derechos humanos.
Dos destacados abogados de reconocidos Generales y Coroneles,
unos condenados y otros investigados por la justicia penal, prevén que la
ampliación del fuero militar provocará rechazos de organizaciones de Derechos
Humanos.
“La conveniencia o inconveniencia de que sean juzgados por
miembros de la misma fuerza pública va a radicar en inconvenientes que van a
venir de manera internacional para poder sobrellevar y poder explicar la
independencia e imparcialidad de la justicia penal militar”, sostuvo la abogada
Tania Parra.
Dicen que la aprobación de las Leyes al Fuero Militar no
afecta los derechos fundamentales de las víctimas.
Para el defensor Edgar Torres “se ha confundido la promoción
de cualquier clase de garantía ciudadana, judicial, civil, constitucional en
personas que representan un bloque antagónico como si ello fuera una violación
de derechos fundamentales de los otros”.
La abogada Parra insistió en la continuidad de los procesos
de los uniformados en manos de la justicia penal militar, entre otras razones,
porque la justicia ordinaria usa términos que no existen jurídicamente en
Colombia.
“Sale el Fiscal General de la Nación a decir que los falsos
positivos no van a pasar a la justicia penal militar… hablando de un falso
positivo que eso no existe”, añadió Parra.
Agregan que únicamente los Fiscales y los Jueces capacitados
en la doctrina militar, pueden decidir hasta dónde un hombre de la fuerza
pública se excedió y de qué manera para incurrir en una conducta ilícita.
“Lo que tiene que haber es una capacitación adecuada primero
que todo a las unidades de fiscalía de derechos humanos y antiterrorismo porque
son las unidades que más frecuentemente tienen contacto con esta clase de
situaciones de hecho y de derecho”
La doctora Parra advirtió que existe un fuero carcelario y
que está en mora el trasladado de los militares presos en cárceles civiles a
unidades de la fuerza pública.
Defensa de Arias Cabrales culpa a Policía por toma del Palacio de Justicia
La abogada de Arias Cabrales aseguró que el deber constitucional
de preservar la seguridad del Palacio era de la Policía y no de la Brigada 13,
comandada en 1985 por el oficial
En la última sesión de alegatos finales, Tania Parra,
abogada del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, aseguró que el deber
constitucional de preservar la seguridad del Palacio de Justicia era de la Policía
Nacional y no de la Brigada 13, comandada en 1985 por el alto oficial.
La abogada señaló que no se podría hablar de desapariciones,
que fueron responsabilidad de los militares, porque en muchos casos la Policía
fue la encargada de levantamientos de cadáveres que en realidad eran ceniza, y
en otros los mismos funcionarios de palacio se deshicieron de algunas partes de
cuerpos que encontraban tras el holocausto.
Igualmente justificó la inocencia del oficial en retiro al
asegurar que durante los meses previos estaba en comisión fuera del país, y no
tenía conocimiento de los posibles planes para tomarse el Palacio de Justicia
que, en todo caso, debieron ser advertidos por la Policía Nacional.
Tras esta última audiencia de alegatos, un juez de la República
emitirá sentencia condenatoria o absolutoria en este caso.
Arias Cabrales, en el epílogo de su proceso
http://www.eluniversal.com.co/armando-cabrales/arias-cabrales-en-el-epilogo-de-su-proceso
Todo parece indicar que después de siete meses de haber terminado las audiencias probatorias y los alegatos de conclusión, esta semana se conocerá la sentencia contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII del Ejército y "cerebro" del operativo de retoma al Palacio de Justicia hace 25 años.
Arias, quien horas después de asumir el control total del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, fue condecorado por su labor, hoy espera que se escriba el último capítulo de su "novela" judicial sobre su responsabilidad en la desaparición de 11 personas que se encontraban al interior de la edificación, las cuales habrían sido torturadas y asesinadas en el hoy Museo de la Independencia- Casa de Florero.
Aquel día, algunos sectores de la opinión pública lo señalaron como responsable de que los cuerpos de las víctimas fallecidas en el palacio fueran movidos con el propósito de alterar los análisis forenses.
Sin embargo, Arias, que actuó desde el interior del Palacio y cuyo rostro no es tan conocido como el de otros militares, pues en ningún momento cumplió la labor que le ordenaba el Manual de Inteligencia de Combate del Ejército de dar información a la opinión pública en su calidad de comandante de la operación, ha negado desde entonces su responsabilidad en los hechos.
Los cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza y el manejo de los rehenes y de los cuerpos fueron respondidos por el oficial en retiro, en un informe que presentó días después y aún como comandante de la Brigada XIII. Su veredicto fue que los desaparecidos habían muerto en el cuarto piso a manos de los guerrilleros y sus cuerpos habían sido calcinados por el fuego, lo que impidió su reconocimiento.
Aseguró que el levantamiento de los cuerpos había sido "legal", que ningún magistrado ni guerrillero del M-19 habían salido con vida del Palacio y negó que hubiesen sido ultimados por la Fuerza Pública.
Los familiares jamás olvidarán sus palabras el día en que lo conocieron cara a cara, cuando les dijo que sus seres queridos eran "guerrilleros que habían apoyado el ingreso de armas y municiones para el M-19. Ellos están en el monte", fue su respuesta ante los parientes de Carlos Augusto Vera, administrador de la cafetería; María del Pilar Guarín, cajera; y Lucy Amparo Oviedo, una de las visitantes de ese día al Palacio.
Y tras más de dos décadas, Arias prefiere guardar silencio. Únicamente dice que después de tanto tiempo no se acuerda de nada. Sólo se limita a criticar la actitud de la justicia contra los militares "que habían defendido la democracia y dejado en libertad a los que atentaron contra las instituciones".
El proceso
Después de dos demandas en su contra y que en 1990 el entonces Procurador General de la Nación Alfonso Gómez Méndez pidiera su destitución al considerar que se había "apartado del derecho de gentes" en su afán por desalojar la sede judicial y pasar por alto medidas "tendientes a proteger la vida de los rehenes", Arias gozó de su libertad hasta el 2007, cuando la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, llamó a indagatoria por su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y secuestro.
La Fiscalía utilizó en su contra las grabaciones del radioescucha aficionado Pablo Montaño, quien con un equipo casero interceptó las señales de los radios utilizados por los militares durante la retoma. El contenido de las órdenes fue revelado en noviembre de 2007 por el periodista Herbin Hoyos.
En dichas conversaciones “Paladín 6” (Gr Rafael Samudio) y “Arcano 6” (Arias Cabrales) aparecían tomando decisiones al enterarse que el personal de la Cruz Roja no había ingresado al edificio a realizar su labor humanitaria de cese al fuego.
“Paladín 6”: "Entiendo que no han llegado lo de la Cruz Roja por eso estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar y consolidar, acabar con todo y consolidar el objetivo".
En una versión libre rendida ante la Fiscalía en julio de 2008, Arias Cabrales aseguró no recordar nada de sus actuaciones en los hechos del Palacio e igualmente negó tener conocimiento de un sitio en la Escuela de Caballería donde, según varios testimonios, fueron conducidas las personas para ser interrogadas.
Según el ex comandante de la Brigada la persona que impartía y recibía órdenes desde ese lugar era el coronel Luis Carlos Sadovnick, identificado en las grabaciones como ‘Arcano 5’ quien operó durante los dos días de la toma desde su puesto de control ubicado en la Brigada XIII.
Después de presentarse en el interrogatorio ante la Fiscalía y señalar que desconocía la suerte de los rehenes que fueron liberados por personal del Ejército, el 10 de octubre de 2008 el ente investigador ordenó su arresto.
El juicio
Según la fiscal, Arias no sólo estuvo dentro del Palacio durante la retoma sino que además dio órdenes precisas al personal de la Policía de mover a la primera planta los cuerpos que se encontraban entre el tercer y cuarto piso.
Para la fiscal Buitrago, Arias Cabrales, al igual que los otros mandos militares, conocían los planes del M-19 para tomarse el Palacio por lo que la seguridad del edificio había sido retirada el día anterior.
La Fiscal consideró además que la investigación demostró como el general "tuvo dominio de los hechos, compartió fines ilícitos y los medios delictivos" que rodearon la desaparición de 11 personas durante el operativo.
Según la cadena de mando, Arias tenía bajo su responsabilidad las otras unidades tácticas que participaron del operativo, entre ellas la Escuela de Caballería (comandada por el entonces coronel Alfonso Plazas Vega), la Escuela de Infantería, y el B2 del Ejército (comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano).
"No cabe duda que Jesús Armando Arias Cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio...", fue una de las frases concluyentes que utilizó la fiscal.
La Fiscalía manifestó que fue en la Casa del Florero donde se estableció el puesto de mando, donde Arias impartió todas las órdenes de procedimiento dentro y fuera del Palacio. Incluso, la Fiscalía comprobó que la Policía pedía autorización al Ejército para tener un margen de acción.
Fue en la Casa del Florero donde el B2 del Ejército, comandado por Sánchez Rubiano, adelantó las diligencias de identificación de los civiles evacuados. Dice la Fiscalía que este oficial actuó bajo las órdenes de Arias Cabrales.
La Fiscalía también demostró que Arias Cabrales tenía pleno conocimiento sobre rehenes, cuerpos, que aún permanecían en el Palacio, prueba de ello es una comunicación en la que el propio general dio la orden para que siete conductores, que se encontraban en el Palacio, pudieran salir sin ser retenidos por el personal militar.
El pacto de silencio
Durante el juicio la Fiscalía planteó la tesis de un posible "pacto de silencio" por parte de los militares vinculados con la investigación, así lo revelaron algunos testigos en el juicio.
Por estas razones la fiscal Buitrago pidió 40 años de prisión contra el general (r) Arias Cabrales, decisión que fue apoyada por los abogados de la parte civil.
La defensa
La defensa de Arias, abogada Tania Parra Montenegro, señaló que todos los trabajadores de la cafetería murieron calcinados en el cuarto piso y sus cuerpos nunca se habrían podido someter a un reconocimiento genético, por la falta de tecnología que se tenían en estos momentos.
Dijo que no existía ninguna prueba ni testimonio que acusara a su defendido de haber tenido el manejo de los rehenes, pues él "lucho al interior del Palacio, hombro a hombro, con sus hombres, por lo que nunca pudo participar en labores de inteligencia. Él nunca estuvo en la Casa del Florero con los demás mandos militares ni realizó tareas sobre las personas que salían del Palacio".
ESPERANZAS EN CENIZAS
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso124994-esperanzas-cenizas
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